La Reforma de la Administración Pública

El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) comenzó incluyendo la reforma administrativa del sector público como parte del cambio institucional delineado en el VIII Plan de la Nación. Según CORDIPLAN (1990:86-87), este era entonces un sector “burocratizado, descoordinado, ineficaz y carente de controles efectivos”, que había crecido “por agregación de partes, sin un plan coherente de desarrollo”, propiciando “el desarrollo de factores que favorecen la expansión de la corrupción administrativa” sin lograr la prestación oportuna de servicios públicos de buena calidad. Para transformarlo en un sector “dinámico, confiable y responsable, capaz de reaccionar eficientemente a las exigencias del desarrollo económico y social”, el gobierno anunció la redefinición de su “grado de actuación reduciendo especialmente su ámbito empresarial” y aprobando la descentralización y desconcentración política y administrativa. Además, su estrategia incluía “la modernización de la Dirección Superior del Estado, la profesionalización de la gerencia pública, la adecuación del control legislativo sobre la gestión pública, la liberación de las trabas administrativas y la reducción de la discrecionalidad de los funcionarios”, medidas previamente recomendadas (entre otras) por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), nombrada por Jaime Lusinchi durante el gobierno anterior (1984-1988).

La Constitución de 1999 replanteó la tarea. Nuevas leyes se han aprobado desde entonces, y una nueva Comisión Presidencial para la Transformación de la Administración Pública Nacional fue nombrada en septiembre de 2002 con el propósito, entre otros, de “diseñar el nuevo modelo de Administración Pública Nacional”. Cinco años después, antes de presentar una propuesta de Reforma Constitucional, el Presidente anunció una nueva “transformación sustancial de los principios y lineamientos de funcionamiento y organización de la Administración Pública; del sistema de planificación y de articulación de la acción del Estado con los distintos actores públicos”, orientada en esta ocasión a la construcción del socialismo. Para ello nombró una Comisión Central de Planificación a la que encomendó “integrar todos los planes que desarrollan las alcaldías, gobernaciones y otros entes gubernamentales” y “elaborar el mapa central de la estructura económica tanto estatal como privada, que sirva de base para elaborar el nuevo modelo socialista”.

En Venezuela, hasta ahora los intentos de reforma han Perseguido mejorar una estructura pública intrínsecamente muy deficiente, sin buscar la modificación de las bases conceptuales que sustentaban el proceso de reforma. Lo que se pretende con la Ley Orgánica de Administración Pública es propiciar el cambio administrativo, ajustando la lógica de funcionamiento y constituyendo un nuevo paradigma de gestión más flexible desde la reforma del Estado (1991-1998) hasta los producidos a partir del triunfo del presidente Hugo Chávez. La revisión del modelo de administración centralizado-burocrático populista (característico del período de reinstauración democrática 1958-1991), sus enfoques teóricos para su modernización, así como las líneas sobre las cuales se han introducido los cambios en la era Chávez, permitirán diferenciar los tres modelos que a nuestro juicio pueden identificarse en el caso venezolano:

1.             Modelo de Administración Burocrática–Populista Centralizado 1958-1989,

2.             Modelo Descentralizado del Estado 1990-1998,

3.             Modelo de Administración Burocrático-populista con base militar 1998- en desarrollo.

Los cambios observados en los modelos administrativos se centran fundamentalmente en:

a.- desplazamiento de mediadores clave, los partidos tradicionales dan paso en el modelo de reforma del estado al estamento gerencial y en el caso del modelo administración Chávez, a la mediación de la fuerza militar, lo cual opera desde el inicio de su gobierno,

b.- la estructuración de una administración pública paralela (en una etapa más reciente con la creación de las misiones) de programas sociales centralizados y liderados por militares., reproduciendo rasgos del modelo burocrático populista centralizado.

Los planteamientos generados desde los organismos multilaterales, para el establecimiento de las condiciones para el funcionamiento administrativo del sector público en los países en vías de desarrollo, han girado sobre dos cuestiones: la gestión económica y social. Así los intentos por la transformación de la administración pública y de los aparatos públicos en general de los países de América Latina ha transcurrido en medio de condicionantes de carácter internacional, impactados por las mutaciones en materia económica y las subsecuentes crisis en las estructuras internas de las economías de dichos países.

En una primera etapa, los esfuerzos por la introducción de un modelo de administración pública moderno eficiente y eficaz, se dieron en el marco del modelo de sustitución de importaciones, y de una política de gran expansión de la administración pública. El consumo interno era de vital importancia para lograr la legitimidad del modelo democrático, por lo que los planes van dirigidos fundamentalmente al logro de una organización centralizada de la administración mediante la cual los beneficios de la economía eran distribuidas mediante diversas agencias y estructuras de mediación, tales como los partidos políticos que dominaron la escena política dentro de lo que fue la conciliación de poder a partir de 1958.

En una segunda etapa (ubicada a partir de los últimos años de la década de los años ochenta) los esfuerzos fueron dirigidos, ya en medio de cambios extraordinarios en la dinámica económica mundial, asociados a la crisis que se inició en los centros de desarrollo mundial, Estados Unidos y Europa, que requerían fortalecer el mercado mundial globalizado, para lo cual las economías de los países receptores de tecnología debían funcionar eficiente, es así como la transformación de la administración pública era requisitorio.

Las propuestas para la modernización y reforma del Estado y de su administración, han venido incorporándose a las agendas internacionales de los organismos internacionales como fundamento de cumplimiento para asegurar acceso a recursos y asistencia a los países, así como para la necesaria sinergia de las economías y las administraciones con el mercado internacional más que con las grandes necesidades nacionales que se vinieron acumulando, ellas han revestido diversas denominaciones, tales como Governanza, Governance, Nueva Gerencia Pública (New Public Administration) y Buen Gobierno, todas ellas parecen confluir en la estructuración de una administración pública eficiente y en la demarcación de una relación en el marco de regulaciones del mercado entre los ciudadanos y el gobierno o el Estado, nuevos papeles son atribuidos a ambos: es decir un papel determinado al Estado en tanto garante de las condiciones para su legitimación tanto como prestador de servicio así como para el acceso a recursos internacionales, por otro lado para el mantenimiento del crecimiento económico necesario, el papel atribuido a la sociedad es más activo en el sentido de que este es co-responsable del desarrollo de las actividades y logros de los objetivos públicos, más no estadales.